Congreso Internacional sobre la Reforma del Código Civil en materia de discapacidad

22/11/2018

Los pasados días 22 y 23 de noviembre de 2018 se ha celebrado en la Facultad de Derecho, bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina de España, el II Congreso internacional sobre la reforma del Código civil y la Ley de enjuiciamiento civil en materia de discapacidad. En esta reunión científica ha tenido un especial protagonismo el estudio del Anteproyecto de Ley para modificar la legislación civil y procesal en materia de discapacidad con el fin de adaptarla a la Convención de Naciones de Unidas de Nueva York, aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado 21 de septiembre. Este texto supone un hito fundamental en la puesta al día de nuestro Derecho interno en un tema, como es el del respeto al derecho de igualdad de todas las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica, que viene siendo objeto de atención constante en los últimos años, tanto por parte de las Naciones Unidas, como por el Consejo de Europa o por el propio Parlamento Europeo. Dicho texto sienta las bases de un nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Para ello elimina la incapacitación judicial y la tutela y diseña un sistema de apoyos a la persona con discapacidad para que sea ella la encargada de tomar sus propias decisiones.

El evento se enmarca en un Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad, del que son Investigadoras Principales sus directoras, D.ª Sofía De Salas Murillo y D.ª Mª Victoria Mayor del Hoyo. Ha reunido a más de 120 expertos, académicos del ámbito universitario y profesionales y aplicadores del Derecho, de todas las Comunidades Autónomas españolas, pero también de países como México, Chile, Brasil, etc, interesados en la implementación de la Convención. La intervención del Presidente de la Sección civil de la Comisión General de Codificación (órgano de especial protagonismo en la redacción de la ley) dio pie a un interesante debate académico acerca de si hay que eliminar el criterio del interés superior de la persona con discapacidad, hasta ahora presente en las leyes, en la actuación de los aplicadores del Derecho y de los propios tutores, y sustituirlo por el del respeto íntegro a la voluntad de la persona con discapacidad, como propone el Anteproyecto, incluso aunque ello sea perjudicial para la persona o su patrimonio. Los expertos también advirtieron de la inseguridad que el sistema propuesto puede acarrear en el tráfico jurídico.

El Anteproyecto se ha remitido a los órganos del Estado para que emitan los informes correspondientes y, previsiblemente, en febrero entrará en las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. La reforma debe ir unida a un cambio del entorno, a una transformación de la mentalidad social, y especialmente de la de aquellos profesionales del Derecho –jueces y magistrados, funcionarios de la administración de justicia, notarios, registradores– que han de prestar sus respetivas funciones, a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas. El próximo día 3 de diciembre, día internacional de las personas con discapacidad, puede ser una buena ocasión para dar visibilidad al Anteproyecto y abrir el debate a la sociedad.

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